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Uso de la fuerza pública piden exilados de Valle Nacional para lograr su retorno
Dionisio de la Cruz Méndez y su familia continúan sin recibir una fecha para poder reincorporarse a su comunidad de origen, Santiago Progreso de Valle Nacional, después de haber sido desterraros en el 2014.

Por medio de una resolución judicial expedida en el 2016 por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se solicitó a varias dependencias, en especial la Fiscalía General del Estado, acompañar a la familia de 15 integrantes para su retorno, sin embargo esto no ha sucedido.

Cruz Méndez y su familia denunciaron a la Fiscalía de omisión e incumplimiento a la orden judicial, quienes se han negado a darles el respaldo para regresar a su comunidad porque dicen, la comunidad continúa oponiéndose a su retorno.

“Le buscan pretexto para no cumplir con esa encomienda judicial, últimamente ya tiraron la toalla, el gobernador les instruyó a cada uno de los titulares, porque así es el acuerdo que emitió la Sala el 16 de noviembre de 2018, entonces derivado de ese acuerdo instruyo para que dejaran de ser omisos y que cumplieran con esa determinación de forma inmediata, pero no han sido capaces de acatar esas instrucciones, ponen pretextos que la comunidad se opone y últimamente no encuentran la forma de convencer a esa comunidad”, dijo.

Varias ocasiones Dionisio de la Cruz se ha manifestado públicamente en contra de esta situación, donde asegura, también ha intentado comunicarse con el titular de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para presionar y le garanticen su regreso, sin embargo esto, afirmó que ya ni los teléfonos le contestan.

Es por esta razón que solicitó hablar directamente con el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, para que sea él mismo quien obligue a hacer efectiva su resolución de reintegro a su comunidad, y de ser necesario el uso de la fuerza pública, pueda aplicarlo.

La decisión de retirarlos de Santiago Progreso, surgió hace cuatro años por parte de las mismas autoridades municipales auxiliares y algunas personas de la comunidad, al denunciar la familia haber sido víctima de despojo tanto de sus tierras como de su ganado, además del cobro de dinero para ser acreedores a apoyos por parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Social.

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